Al participar en los “Diálogos por la Transformación” que encabezó la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, este jueves en Palacio de Gobierno, la contralora general, Isela Uribe Alvarado manifestó que tras los procesos de entrega-recepción de la anterior administración, existe una evidente afectación al erario, pero se debe cuidar de manera minuciosa y responsable la parte procesal.
Dijo que actualmente se han abierto cuatro auditorías especiales: a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración; la Secretaría General de Gobierno y al Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), de manera específica al programa de Declaración de Alerta a la Violencia de Género en el Estado de Colima 2020, por recursos no justificados mayores, correspondientes a 6 millones 594 mil pesos, lo que implicaba un impacto significativo para el acceso de dicho recurso al estado, si no se iniciaba a la brevedad un proceso de auditoría. Además, se está iniciando una auditoría especial a la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM), para el ejercicio fiscal 2021.
“Nosotros estamos dando seguimiento a la revisión de un monto total de 696 millones 274 mil 777.54 pesos, correspondientes a ejercicios fiscales y programas con recursos estatales del año 2020, y en algunos casos también del 2019; la meta es llegar a una revisión de mil 252 millones 982 mil 106 pesos”, reveló Isela Uribe.
Indicó que en el año 2021 se tenían 127 expedientes, 210 en 2020, 157 en el 2019, en 2018 solamente siete, en 2017 únicamente tres, y en el 2016 fueron seis. “Es decir, en el histórico tenemos 510 denuncias en procesos de investigación, probablemente algunas en prescripción y se revisa para fincar responsabilidades por hechos de omisión. En este momento tenemos un total de 847 denuncias en procesos y aperturas de investigación”, puntualizó.
Uribe Alvarado expresó que para lograr una verdadera transformación de Colima, es indispensable vigilar de manera responsable el uso y destino de los recursos públicos, que emanan de la ciudadanía y el eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo estipula la honestidad y transparencia en el servicio público y la Contraloría General del Estado es el ente responsable de auditar, y generar medidas de control interno para prevenir y sancionar cualquier falta que comenta alguna persona servidora pública por hechos de corrupción.
Agregó que en lo que va de la actual administración, desde el 1 de noviembre de 2021 a la fecha, se han recibido 60 quejas ciudadanas y de autoridades, que se encuentran en el área de investigación por presuntos hechos de corrupción, por denuncias hechas de manera directa en la Contraloría o a través de la plataforma de alertadores ciudadanos que tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP) y dan vista cuando es un hecho en el estado de Colima. También se han admitido 130 denuncias de los procesos de auditorías que han estado en curso: 52 corresponden a procesos que se tienen con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 73 con la SFP.
Uribe Alvarado informó que, desde el 2 de noviembre del 2021 a la fecha, se lleva un total de 253 denuncias admitidas, que deben revisar si es procedente o no la queja o denuncia; aunque el dato corresponde a las que ya se admitieron y radicaron a la instancia que corresponde; “esto se suma al histórico de expedientes de investigación que fue heredado de la anterior administración”, explicó.
La contralora señaló que un dato alarmante en el tema de denuncias tiene que ver con el ámbito administrativo, pues prácticamente más del 50% de las denuncias no pueden ser sostenidas en los tribunales o en los colegiados por no cuidar el debido proceso; “por eso estamos atentas y atentos a verificar la prescripción de los delitos”, aseguró.
En el ámbito de las observaciones derivadas de la entrega-recepción, donde la Contraloría es el ente responsable de vigilar estos procesos, dijo que además de estar presentes en los mismos, se da seguimiento al contenido de cada una de las observaciones establecidas en cada una de las actas levantadas, que son remitidas a la Contraloría, que realizan las y los servidores públicos tanto entrantes como salientes, respecto al estatus en el que se encuentra la dependencia recibida.
“Tenemos un registro de 201 actas de procesos de entrega recepción con diversas observaciones; hemos estado en los procesos de entrega-recepción de secretarías subsecretarías, y también damos seguimiento a todos los cambios en organismos públicos desconcentrados, áreas directivas y jefaturas de departamento, quienes también reportan una serie de inconsistencias en el uso de recursos humanos, financieros y materiales”, afirmó.
Indicó que, como consecuencia de estas observaciones reportadas, se han abierto 62 carpetas de investigación, lo cual representa que no quedarán impunes actos de corrupción cometidos por algún servidor o servidora pública, aunque haya dejado el cargo; recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece hasta cinco años para que prescriba un delito o falta administrativa no grave, y hasta siete años para que prescriba una falta grave o un delito penal.
Señaló que el trabajo en las auditorías, es esencial vigilar que lo ejercido del gasto esté en congruencia con el presupuesto de egresos, una atribución y una función clave que están atendiendo con el seguimiento y apertura de auditorías; “heredamos un rezago de 201 auditorías propias no concluidas, correspondientes a ejercicios fiscales 2019 y 2020; debo ser muy responsable y cuidadosa, pero es inadmisible que -en el pasado- se haya abandonado la razón de ser de la Contraloría, como la generación de auditorías y estamos revisando la omisión en este sentido”, concluyó.